Los propietarios ponen en comercialización sus viviendas por temor a la nueva ley de casa

Los propietarios ponen en comercialización sus viviendas por temor a la nueva ley de casa

La nueva ley de casa aprobada por el Regimen está teniendo un efecto importante en el mercado del alquiler en España. Conforme con la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), la incertidumbre normativa está ocasionando que varios propietarios se planteen vender sus inmuebles en vez de alquilarlos cuando expiren los contratos que poseen firmados con los inquilinos.

Según José Ramón Zurdo, director general de ANA, entre el 15 y el 20 por ciento de sus consumidores ya permanecen pensando en vender sus inmuebles y sacarlos de esta forma del mercado del alquiler. Además amonesta que esta nueva ley está ocasionando un enorme miedo en la zona inmobiliario y paralizará las inversiones, lo cual podría ocasionar una escasez de casas todavía más grande.

No se debe olvidar que, de acuerdo con la consultora Savills, Aguirre Newman, se necesita edificar 2 millones de casas novedosas en los siguientes años para saciar la demanda.

La sociedad además lamenta que el Regimen, presidido por Pedro Sánchez, no tenga presente a los expertos del sector. "Ni una política de casa urbana en alquiler en España puede tener triunfo si no se ha construido anteriormente con la participación y el trueque de vivencias, tales como con los expertos de los portales inmobiliarios, los bancos, las inmobiliarias o organizaciones como la nuestra, que gestionan una cantidad enorme de casas de propietarios particulares, que representan el 95% de la oferta de casa en alquiler", agregan los representantes de ANA.

De instante, el escrito ha recibido luz verde del Consejo de Ministros, que tramitará la regla con carácter de urgencia para enviarla al Congreso de los Diputados a fines de este año. No obstante, todavía no ha entrado en vigor y no está clara la fecha en que se aprobará la ley.

Además, según los profesionales laborales, la plena aplicación de la ley dependerá de la voluntad de las sociedades autónomas y los ayuntamientos.

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