La nueva ley de casa recomienda un recargo sobre las casas vacías

La nueva ley de casa recomienda un recargo sobre las casas vacías

El Regimen de coalición del PSOE Tenemos la posibilidad de pretende llevar al Consejo de Ministros del 26 de octubre una totalmente nueva ley de casa, según ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. A la espera de conocer los detalles del escrito, el Regimen ya ha adelantado varias medidas de la ordenanza, lo cual ha desarrollado incertidumbre en la zona inmobiliario, donde se teme que la iniciativa tenga el impacto opuesto al anhelado.

Para frenar los costos del alquiler y facilitar la entrada a la casa, la siguiente legislación prevé, entre otras cosas, un aumento del 150% del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para los propietarios de pisos vacíos.

Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) define la casa vacía como aquella "que no constituye la residencia persistente de ni una persona y que no es usada por nadie de manera estacional o periódica".

No obstante, este criterio no está integrado en ni una legislación nacional en temas de casa. El Ejecutivo pretende explicar la definición de casa desocupada en la nueva normativa y indica que se tengan en cuenta desocupados los inmuebles que lleven bastante más de 2 años sin ser ocupados.

Esta fórmula ya está prevista en la ley vasca de casa o en la ley catalana del derecho a la casa, donde se estima casa desocupada "aquella que lleva bastante más de 2 años desocupada de manera continuada y sin causa justificada".

En específico, son motivos justificables "el traslado por motivos laborales, el cambio de domicilio por dependencia, el desamparo en regiones rurales en proceso de desgaste y el producido de que la propiedad de la casa sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución".

Por consiguiente, una vez que se apruebe la nueva normativa, un dueño que no haya vivido en su vivienda a lo largo de bastante más de 2 años sin ningún fundamento pagará más en su recibo del IBI, una elección que en última instancia quedará en manos de los ayuntamientos. Por el instante, se desconoce el número total de casas que se verán dañadas por la ley o sencillamente estarán vacías.

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