Un real decreto y un real decreto-ley darán el pistoletazo de salida a una oleada de rehabilitación de casas que llevará a cabo España mediante los fondos de Europa de recuperación. El pilar 2 del proyecto, presentado a Bruselas, incluye una dotación de 6.820 millones para el sector, de los cuales 5.520 millones irán a parar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La titular de este departamento, Raquel Sánchez, ha prometido en el Congreso que esta porción iniciará a movilizarse "en las siguientes semanas".
Según describió la ministra frente a una comisión parlamentaria, el grueso de los fondos son 2.970 millones con el propósito de la renovación de casas, con los que se espera renovar unas 510.000 viviendas. Los planes, rememoró, integran además 1.000 millones para la obra de unas 20.000 casas de alquiler social, 450 millones para créditos fiscales y 1.100 millones en avales para las sociedades de propietarios que decidan hacer reparaciones.
Sánchez afirmó que las ayudas que proceden de los fondos de Europa para paliar la crisis provocada por el covid-19 se canalizarán hacia la parte que es dependiente de su ministerio por medio de 2 reglamentos que se aprobarán en breve. Una fuente del ministerio comentó que los dos nacerán en septiembre de este año. El primero es un real decreto "por el cual se regulan los programas de ayuda a la rehabilitación de casas y a la casa social", comentó Sánchez. La citada fuente explica que este decreto va a servir para regular las bases sobre las que las sociedades autónomas van a poder después llevar a cabo sus programas de ayuda, debido a que son las sociedades autónomas las que poseen la mayor parte de las competencias en temas de casa.
En la última conferencia sectorial del pasado mes de junio se acordó con los gobiernos autonómicos un marco de reparto de fondos con porciones correctas a cada territorio. Por consiguiente, se necesita implantar reglas que las sociedades deberán considerar en sus programas de rehabilitación para asegurar que los fondos lleguen a las sociedades de propietarios y a los particulares. El escrito aborda preguntas como el ahorro energético, ejemplificando, que debería conseguirse antecedente de que la obra logre recibir financiación pública. El decreto además regulará la manera en que los ayuntamientos y las sociedades autónomas van a poder suscribir acuerdos con el Estado para edificar hasta 20.000 casas sociales con 1.000 millones de fondos de Europa.
El segundo decreto al que se ha referido el ministro Sánchez es el Real Decreto-ley "para el impulso de la rehabilitación de inmuebles y el fomento del alquiler de casas". La fórmula del "real decreto-ley", describió el Departamento de Transportes, es elemental pues este escrito modificaría varias leyes existentes. Ejemplificando, la ley de propiedad horizontal, que regula las sociedades de vecinos, flexibilizaría los requisitos de mayor parte necesarios para aprobar las reformas de los inmuebles (actualmente se necesitan 3/5 de los vecinos de un barrio, y la iniciativa es que baste con una mayoría simple). En conclusión, hablamos de "solucionar los cuellos de botella" que hasta ahora han impedido que la rehabilitación de casas cobre fomento en España, donde esta actividad es menos activa que en territorios vecinos como Portugal, Francia o Alemania. Y, de hecho, esto además debe dar por sentado un fomento para la recomposición una vez que desaparezca el gran incentivo a modo de dinero del continente Europeo.