Hoy se cumple un año de la acceso en vigor de la ley catalana que restringe los costos de los alquileres en las denominadas regiones "estresadas", y lo cierto es que el resultado dista mucho del objetivo que la Generalitat poseía en mente al adoptar el tamaño.
Según los profesionales del sector, lo cual se ha conseguido con esta mediación en el mercado es una profundo reducción del 40% en la oferta de pisos. De esta forma lo estima la Sociedad De España de Consumidores de Bienes Muebles (Aepsi), que muestra que "las limitaciones de la ley de alquiler hicieron que varios propietarios prefieran vender sus casas ya que creen que tienen la posibilidad de obtener más beneficios que alquilándolas". "Por esto, la oferta se ha limitado y, por consiguiente, la demanda se ha tensado", confirma el mandatario de Aepsi, Inyaki Unsain.
Para evadir que los propietarios renuncien al alquiler, Aepsi recomienda medidas como la introducción de desgravaciones en los alquileres por medio del impuesto sobre la renta, como para los propietarios como para los inquilinos, o proyectos de desarrollo de casas asequibles por medio de convenios públicos y privados.
Otra de las secuelas de esta normativa, que perjudica a los alquileres de Barcelona y de otros 60 municipios de Cataluña, es que "se ha producido un importante bajón en el número de contratos firmados, lo cual supone que el mercado en estas regiones está todavía más ajustado, con una alta demanda ante una oferta cada vez más poca", explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia para la Negociación de Alquileres (ANA).
En específico, las cifras oficiales ofrecidas por la Agencia Catalana de Defensa de los Derechos Humanos presentan un bajón del 16,6% en los fichajes.
"Ahora las regiones de mediación en Cataluña son, mencionemos, regiones privilegiadas para unos pocos, y mucha gente está esperando para lograr un piso ya que la oferta es cada vez menor", inculpación Zurdo. Por esto, el director considera que es fundamental proteger la oferta y laborar en ella para promover un más grande y mejor ingreso al alquiler.
"La ley que restringe los costos en Cataluña, y su viable transposición a la Ley de Casa Pública, presionada por Juntos Tenemos la posibilidad de, es evidentemente un castigo para los propietarios, particulares y organizaciones, y afecta la inversión privada e institucional", señala Zurdo, que concluye que "Cataluña es un espejo en el cual debemos mirarnos para ver qué pasa si esta ley se transpone a toda España."