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El clima regulatorio en el cual se mueve la zona inmobiliario en España sigue marcado por una total falta de respeto hacia la propiedad privada. Hay, aquello sí, enormes diferencias autonómicas y, mientras tanto que países como Madrid apuestan por políticas de oferta, zonas como Cataluña insisten en regular costos y soportar la okupación.
Uno de los espacios regulatorios más intervencionistas en todo lo referido a la casa es el de Baleares. El regimen de las islas ha llegado al extremo de expropiar decenas de inmuebles "para sacar pisos del mercado independiente especulativo". Además se han tomado medidas contra los pisos de arrendamiento turístico, a pesar de lo que los costos de los arriendos han seguido creciendo, pues el problema de fondo todavía es la carencia de oferta.
Puesto que bien, esta semana hemos conocido que el parlamento balear ha aprobado una moción presentada por el conjunto de legisladores de MÉS per Menorca por medio de la cual se insta al regimen de Francina Armengol a "determinar la compra de casa a causa de extranjeros en las islas". A lo largo de el próximo año, un conjunto laboral estudiará la normativa que existe y subirá propuestas específicas de reforma al regimen autonómico.
Los datos de finales de 2021 acreditan que la compra de casa implica el 39% del total de transacciones llevadas a cabo en las islas. Como es lógico, este porcentaje es más alto que en las sociedades menos turísticas, empero no implica una ratio aberrante, puesto que además se registran porcentajes bastante semejantes en otras demarcaciones de la geografía de España, caso de Alicante o de Málaga.
Igualmente, se ha anunciado que se creará un "índice propio de alusión de costos de casa en arrendamiento", así como un "registro de casas desocupadas de gigantes tenedores". En este sentido, parecería que la cámara autonómica desea continuar por el mismo camino que Cataluña, donde las limitaciones en vigor llegaron precedidas de esta clase de desarrollos.