El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocado una "asamblea masiva" este sábado para aprender nueva vía de acción frente a el fondo de inversión Blackstone. La finalidad es juntar y ordenar al más grande número viable de inquilinos que residan en casas propiedad de fondo buitre, considerado el más grande casero española.
Según los activistas, este fondo de Estados Unidos acumula por lo menos 2.300 casas de arriendo en Catalunya. Denuncian que, a lo largo de las "difíciles y frustradas" negociaciones ha mantenido con la compañía para comerciar alquileres sociales y permanencias en casas, sus representantes han asegurado que el fin del fondo pasa por no renovar más contratos de arriendo en los siguientes años si la ley no les ordena a ello.
Esta elección, advierten, podría crear en los siguientes meses centenares o una cantidad gran de "desahucios invisibles". O sea, inquilinos que deben renunciar a las casas en las que llevan años frente a la incapacidad de renovar contratos.
Público no pudo recabar la versión de ni una de las distintas comercializadoras de los inmuebles de Blackstone en Catalunya. No obstante, al Sindicat se han acercado recientemente inquilinos de diversos bloques del fondo que dicen que el grande inmobiliario les ha reportado su intención de extinguir los contratos. Según dichos residentes, Blackstone tendría intención de colocar a la comercialización las viviendas en las que ellos residen de arriendo. En específico, son cerca de 60 vecinos de 2 de fincas de Badalona, a los que se suman una docena de afiliados al sindicato con los que llevan meses de negociación infructuosa.
De cara a esta asamblea, miembros del desplazamiento por la casa de Catalunya han recorrido casi puerta por puerta los inmuebles de Blackstone para informar a sus inquilinos de este caso y de la siguiente asamblea.
De arrendamiento a comercialización frente a los cambios en temas de casa
A partir de 2021, son algunas las informaciones de medios económicos que hablan abiertamente del cambio de táctica de Blackstone y citan entre sus fuentes a "los hombres de Blackstone en España". La nueva línea de comercio pasa por priorizar la comercialización de activos y renunciar a el hasta ahora bastante rentable mercado de arriendo, donde irrumpieron con enorme fuerza tras la crisis financiera de 2008.
En medio de las causas esgrimidas por los denominados "hombres de Blackstone" para este giro estratégico estarían los actuales y futuros cambios normativos en temas de casa en el territorio. Entre ellos, la ley catalana que regula los costos del inquilinato, la inminente ley de casa estatal que el Regimen de coalición no es capaz de sacar adelante y, más que nada, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019. Esta reforma tuvo lugar a la anterior, gubernamental de Rajoy (PP), y ampliaba por ley la vigencia de los contratos de inquilinato, pasando de 3 a 7 años una vez que el dueño sea una persona jurídica, o sea, una compañía y no un especial.