El sector inmobiliario pide al Gobierno de Barcelona, formado por las elecciones municipales de mayo, que priorice la política de vivienda asequible, para lo que propone la cooperación entre el sector público y el privado, y advierte también de la falta de protección jurídica de los propietarios frente a la okupación.
Varios representantes del sector entrevistados por Europa Press coinciden en lograr una vivienda asequible: Xavier Vilayoana, presidente de la Asociación Catalana de Promotores (Apce), Maria Andreu, directora general de la Asociación de Propietarios de Alciler (Asval), Edouard Mendilus, director general de Anticipa Inmobiliaria y Aliseda Inmobiliaria, y Maria Matos, directora de investigación de Fotocasa.
JAVI VILAYOANA (Apce)
Vilayoana abogó por un aumento de la vivienda social, gratuita y asequible, para lo que pide movilización de suelo y cooperación público-privada para impulsar la vivienda social y asequible “en suelo público que tenga reserva de vivienda protegida: el municipio tiene suelo suficiente. construir 20.000 casas".
Es negativo sobre el mandato municipal, ya que cree que las normas que se están impulsando (como cambiar el PGM para reservar el 30% de la cubierta para urbanizaciones nuevas y rehabilitaciones profundas para VPO) no han funcionado, sino que han "causado un estancamiento". . en la construcción y reconstrucción de complejos.
Respecto a la ocupación, destaca el problema en Cataluña (donde "se defendió") y en toda España, ya que cree que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) ha fracasado y debería haber abarcado tanto a particulares como a instituciones, como personas jurídicas. aquellos.
MARÍA ANDREU (Aswal)
Andreu aboga por la cooperación entre el sector público y el privado para ampliar el parque de pisos sociales y recuerda que ya hay propuestas a nivel estatal: los grandes propietarios "ofrecieron traspasar hasta 25.000 viviendas al estado durante 25 años y a un precio del 20% por debajo del mercado".
Señala que el problema de la vivienda no es sólo un problema local que hay que solucionar, sino que afecta a toda España, e insiste en que el sector privado "quiere ser parte de la solución".
Por otro lado, cree que la okupación es "especialmente preocupante en Cataluña y Barcelona, donde se denunciaron más de 4.200 casos en 2021" y cree que los ayuntamientos pueden actuar informando al propietario víctima y dando opciones para retrasar el desalojo. una alternativa al alquiler social o vivienda para familias de bajos ingresos: todo ello aportará seguridad jurídica y mejorará la imagen de Barcelona.
EDUARD MENDILUS (Anticipa Inmobiliaria y Aliseda Inmobiliaria)
Mendil dice que aunque la Generalitat tiene más competencias, hay fórmulas de colaboración entre el Ayuntamiento y los grandes propietarios: ofrecer a la Administración 25.000 viviendas de grandes propietarios con un contrato de 25 años y un 20 por ciento de descuento sobre el precio de mercado “sería posible ofrecer alquiler asequible a las familias vulnerables, algunas de las cuales se encuentran en situación de okupación ilegal”.
Defiende la cooperación público-privada porque ve una falta de oferta de vivienda social y una importante reducción de la oferta de alquiler (lo atribuye a la inseguridad jurídica y a la sobrerregulación del alquiler): “Este escenario ha creado un desequilibrio entre la oferta y la demanda en Barcelona y esto es un cambio que se necesita con urgencia".