El Parlamento debatió y aprobó la Ley de Vivienda, con la que el gobierno pretendía controlar los alquileres, pero encontró la oposición de toda la industria inmobiliaria. Promotores de proyectos, consultores, fondos de inversión y el Banco Central de España han advertido que la nueva ley puede resultar contraproducente. Con el apoyo de ERC y Bild, la propuesta está casi garantizada, aunque aún existen diferencias entre Unidos Podemos y PSOE, especialmente en la regulación de los apartamentos turísticos.
La votación de la ley en la Cámara es el paso final antes de que pase al Senado para que entre en vigor antes de las elecciones regionales y locales del 28 de mayo. Del contenido de la nueva ley se puede concluir que se ha reducido a cinco el número de grandes propietarios de personas naturales y jurídicas; los propietarios no pueden desalojar a los inquilinos en riesgo sin mediación o arbitraje previos; hasta 3%; También se creará el IPC, un índice de referencia aplicable a la región.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cós, dijo esta semana que la legislación de vivienda "podría acabar teniendo el efecto contrario al pretendido", citando "la evidencia empírica que tenemos". "Basado en la visión de mediano a largo plazo que creo que necesita el mercado inmobiliario, podría tener un efecto negativo en la oferta, por lo que podría terminar teniendo el efecto contrario al esperado", dijo.
La Asociación Española de Constructores y Promotores de Proyectos ha confirmado que la nueva ley "afectará gravemente a las nuevas promociones de alquiler y compraventa por la inseguridad jurídica que genera". La Asociación de Corredores de Viviendas de Alquiler describió la medida como "miope y contraproducente".
La Asociación de Consultores Inmobiliarios (ACI), que representa a las mayores empresas del sector - CBRE, JLL, BNP Paribas Real Estate, Colliers... - ha insistido en que las nuevas normas "ponen a España en clara desventaja como destino de inversión frente a otros países".
La asociación de viviendas en alquiler Asval, que representa a algunos de los mayores fondos de inversión inmobiliaria del sector como Blackstone, cuyos miembros gestionan un total de unas 50.000 viviendas en alquiler, ha presentado 2.000 reclamaciones de propietarios de viviendas al Departamento de Transportes, Movilidad y Urbanismo. . , que busca una compensación del gobierno por las pérdidas económicas en 2022 al limitar los aumentos de alquiler al 2% en las renovaciones anuales de contratos.